Sobre la agresión en El Garrobo

  Traumatología y ortopedia

Lo sucedido el 24 de agosto en la población de El Garrobo, Sevilla, merece no ser considerado como un suceso aislado y/o excepcional, ni rebajar su gravedad, puesto que supone un paso más en la escalada de violencia que sufren los sanitarios en España; en este caso, además, presuntamente, con apoyo institucional.

Tal y como informó el Colegio de Médicos de Sevilla, ese día, una doctora, al finalizar una guardia, se encontró con numerosos vecinos -entre ellos el alcalde de la población, Jorge Jesús Bayot (Adelante Andalucía), según la prensa local- “impidiéndole la salida de su consultorio, profiriéndole amenazas, coacciones e, incluso, colocando coches a modo de bloqueo”. La Guardia Civil acudió a socorrerla, pero no pudo abandonar el centro hasta que, horas más tarde, otra facultativa se presentó voluntariamente para relevarla en el servicio, que no estaba previsto que se cubriese, puesto que la Unidad de Gestión de Guillena y Santa Olalla ya había comunicado al consistorio la imposibilidad de hacerlo.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), el colegio y el sindicato profesional sevillanos y la Organización Médica Colegial (OMC) han salido en defensa de la médica, incluyendo acciones legales.

Es legítimo que las administraciones locales reclamen a los gobiernos autonómicos, por los cauces oficiales, la cobertura de servicios públicos básicos, como es la atención a las urgencias médicas, y también lo es que los ciudadanos salgan a la calle a reivindicarlos de manera cívica y pacífica, pero no lo es, de ninguna manera, que se haga como en El Garrobo.

Las agresiones a sanitarios son un asunto execrable y preocupante -el observatorio específico de la OMC contabilizó en 2018 un total de 490 casos– que ya implica a las administraciones sanitarias, los ministerios de Sanidad e Interior, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias.

La reforma del Código Penal (de 2015) contempla las agresiones a sanitarios del sector público como delito de atentado contra la autoridad, algo que, tras investigar lo sucedido en El Garrobo e identificar a los responsables, habría que aplicar con rigor. “No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades” (Isabel Allende, en el libro La Isla bajo el mar).

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